Por el derecho a la información en La Romana

EU ha irrumpido con fuerza en el escenario sociopolítico de La Romana. Un equipo enérgico y creativo de personas trabajadoras, honradas y comprometidas, unido a un discurso con ideas claras y conectadas con el pueblo, están siendo la clave de una estrategia que mantiene en alerta a los dos principales partidos políticos de La Romana (PP y PSOE) y que da esperanzas y energía a todos los romaneros ante una nueva forma de hacer política. EU considera que cualquier debate público carece de sentido si la población no está informada de los términos y el contenido de ese debate. Por ello, consideramos vital que se haga efectivo el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión (art. 20.1 d CE), evitando cualquier tipo de censura previa como la que pretende aplicar el alcalde y que la Constitución prohíbe (art. 20.2). Derecho a la información y a la grabación del que todos los romaneros son titulares por el hecho de ser ciudadanos plenos y libres, y no porque el Ayuntamiento les haga un favor. Cualquier romanero/romanera entiende y exige a estas alturas que los plenos de La Romana sean públicos y que puedan ser grabados por cualquier ciudadano, sea cual sea su trabajo (no necesariamente periodista), su ideología o su partido político. La jurisprudencia da la razón a EU. Pero lo más importante no es eso, sino que todos los romaneros a pie de calle están ya solicitando que se puedan grabar los plenos y que cualquier ciudadano pueda difundir lo grabado en cuanto que algo público: pues se trata de la reunión institucional más importante de La Romana (la del Pleno) por parte de quienes cobran generosos sueldos porque el pueblo les ha votado y les ha puesto ahí; un pueblo que es quien manda sobre los políticos porque para eso les pagan y les hacen preguntas, les piden explicaciones y les graban en el ejercicio de su misión institucional. Las cosas tienen que cambiar: las cosas están cambiando. Como vaticinó J-J. Rousseau en su Discurso sobre las ciencias y las artes el progreso tecnológico carece de sentido sin un progreso y compromiso ético y democrático que las dote de un contenido destinado al verdadero progreso humano. Internet, junto con otros dispositivos electrónicos, constituye una oportunidad para acercar la política a la gente, que es quien con sus impuestos mantiene a aquellos que la ejercen por delegación, y no por derecho divino. En La Romana hay gente joven que no acude al pleno, pero lo podría ver por Internet. También hay gente mayor que no puede desplazarse al pleno, y que ni siquiera podría leer las actas del Pleno: esa gente podría ver el pleno desde su casa con un DVD o por Internet. También pagan impuestos y son ciudadanos de pleno derecho. Todos sabemos que en nuestros pueblos vecinos (Novelda, Aspe, Monóvar, Pinoso, ¡en todos!) los plenos se graban y se retransmiten íntegramente, e incluso algunos en directo. No hay razones hoy en día para negar que cualquier ciudadano pueda grabar el pleno y difundir las imágenes obtenidas, sea o no un profesional del periodismo, como señala la Constitución y la jurisprudencia (casos de Manises o Pilar de la Horadada). De hecho, el Ayuntamiento en ninguna resolución ha justificado la negativa, y se ha limitado a negarse sin más. Espero y exijo que el alcalde y sus concejales, a la luz de la Constitución, la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico, reconsidere su decisión y errónea actitud. Espero que el alcalde y sus concejales (en especial su intransigente y fanática teniente de alcalde), eviten la censura previa que improcedentemente han impuesto en La Romana; y lo esperamos ante lo impopular de la medida adoptada y ante la destacada misión que por el desarrollo e impulso de las prácticas democráticas deben trabajar a favor de la democracia que les permite gobernar. ¿Qué sentido tiene formar parte de distintos pactos y compromisos de buenas prácticas cuando luego no se cumplen? Mientras tanto, Esquerra Unida continuará con su campaña pacífica, educada, democrática y comprometida, como así lo ha venido haciendo hasta ahora, para garantizar las prácticas democráticas a que la Constitución y la democracia nos obligan. Hemos seguido todos los cauces administrativos y legales para obtener un permiso que no debiéramos ni haber pedido, pues el derecho se desprende directamente de la Constitución (art. 20.1.d) y de la Ley de Bases de Régimen Local, así como del imperativo democrático que habita en cualquier demócrata comprometido independientemente de la legislación. Por ello, no descartamos acudir a los tribunales, aunque esperamos que la situación se reconduzca y hayamos conseguido un importante y necesario paso por la democracia en La Romana y la comarca que a todos beneficiará y entusiasmará hacia ese otro modo de hacer política tan necesario como posible por el que EU está luchando.